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Los representantes de la emigración denuncian el «desprecio» con el que aseguran les trata el Gobierno

(12/03/2020)

Los representantes de la emigración denuncian el «desprecio» con el que aseguran les trata el Gobierno

Piden el amparo del Defensor del Pueblo para que se convoque su pleno, se instauren medidas democráticas en sus órganos y se les consulte en materia migratoria

 

El vigués Eduardo Pahino es presidente del Consejo de Residentes Españoles en República Dominicana

El vigués Eduardo Pahino es presidente del Consejo de Residentes Españoles en República Dominicana

 


Vigo 10/03/2020

 

Los representantes de la emigración española, de la que medio millón son gallegos, han pasado a la acción frente al Gobierno central al considerar que no son tenidos en cuenta ni para escuchar su voz, ni para tomar parte en las consultas que lleva a cabo el Ejecutivo para implantar medidas que les afecten. En una carta enviada por los miembros del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior al Defensor del Pueblo, los consejeros reclaman que les ampare en sus demandas y medie ante el Gobierno, además de expresar su «malestar y disconformidad con la serie de irregularidades que suceden en el funcionamiento de esta institución representativa de la emigración española».

 

El vigués Eduardo Pahino, presidente de la comisión sociolaboral del Consejo General y presidente del consejo de españoles en la República Dominicana, advierte que el trato dado a la representación de la emigración «es un desastre constitucional» al no cumplirse con la normativa que les da voz legalmente ante la Administración. En concreto, Pahino denuncia que aún no se ha celebrado el pleno del consejo que debería haber reunido en el verano del 2019 a todos los representantes de los colectivos de emigrantes en el extranjero, y que se pospuso después para el pasado febrero sin que hayan recibido explicación alguna sobre su convocatoria. «No ha habido voluntad política para llevar a cabo el pleno y tratar desde los grandes asuntos pendientes, como la reforma del voto exterior, a los más pequeños, como la organización de las ayudas asistenciales», añade el vigués radicado en la República Dominicana.

 

«Tratar a la diáspora con condescendencia y desprecio demuestra una gran falta de consideración hacia el colectivo de la emigración, que representa a más de dos millones y medio de compatriotas, de los que al menos un millón ha emigrado desde la crisis financiera, expulsados por razones laborales y económicas, aumentado así la relevancia humana, social y política de este grupo», escriben los representantes de la diáspora.

 

En la misiva al Defensor del Pueblo también le requieren los representantes de la diáspora a que demande que el cumplimiento de la Ley de la Ciudadanía Española en lo que se refiere a la celebración de audiencias en las Cortes, situación cuya petición aseguran haber reiterado ante la dirección general de Migraciones. Tampoco se ha solicitado el concurso de los consejeros, más que en «rarísimas ocasiones», para opinar y contribuir con carácter previo a la redacción de anteproyectos de ley, reales decretos y órdenes. 

 

Esa escasa participación es explicada por parte de la subdirección general de Emigración por la falta de personal, según se señala en la carta al Defensor, hecho que dicen se repite en otras relaciones con la Administración, «ya sea por las desilusión que condiciona a los equipos de funcionarios y técnicos sobrecargados de trabajo, por el desinterés, o, quizás, por el desprecio que algunos tienen hacia el colectivo emigrante», añaden en su misiva a Fernández Marugán. 

 

Los emigrantes requieren también que su presidente deje de ser nombrado por el ministro de Trabajo y pase a ser elegido democráticamente entre sus representantes. 

 

 

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