Huyen a un país desconocido. Sus maletas van cargadas de pocas certezas y muchas incógnitas sobre el futuro que les espera. Pero sin duda será mejor que las amenazas, extorsiones, agresiones, persecución política o guerras que quieren dejar atrás. Muchos venden las pocas propiedades que tienen y toman un avión simulando un viaje turístico, pero el billete solo es de ida. Miles de hombres y mujeres se ven obligados a abandonar cada año su casa y poner rumbo a otros países por motivos de seguridad, amenazados por la situación política, económica o social en su tierra, víctimas de las pobres condiciones de vida o de la represión del Gobierno de turno. España es uno de los principales destinos de quienes buscan asilo. Tras Alemania, Italia, Francia, Grecia y el Reino Unido, España es el país de la UE con más solicitudes de protección internacional: cerca de 117.000 presentadas en 2019, una cifra récord desde que se aprobó la ley de asilo en 1984 y que supone el doble que las registradas el año anterior (más de 54.000). Galicia no es una excepción en estas huidas forzosas por motivos políticos, de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual.

En 2019, último año del que el Ministerio del Interior dispone de datos detallados por comunidades autónomas, un total de 3.672 extranjeros buscaron refugio en Galicia —la mayoría ciudadanos venezolanos—. Se trata de un precedentes que supone un 160% más que las 1.408 peticiones de protección recibidas solo un año atrás. O lo que es lo mismo, la comunidad gallega recibe ya una media de 10 solicitudes de refugio cada día cuando hace un lustro se tramitaron 45 en todo el año.

Detrás de este repunte están las peticiones de permiso humanitario, un trámite que hace años se reservaba para casos excepcionales, como por ejemplo traslado de un niño de África para someterse a una operación. Pero el Gobierno de Sánchez ha extendido esta modalidad a extranjeros procedentes de países con un situación política delicada, como Venezuela, Colombia o Perú, según detalla Miguel Fernández, portavoz del Foro Galego da Inmigración. El 70% de las peticiones relacionadas con cuestiones humanitarias en la comunidad —apunta— son resueltas favorablemente.

En los últimos cinco años, las demandas de protección internacional en Galicia superaron las 6.000, de las que el 60% de todo este periodo se concentraron en 2019. Ese año las peticiones se multiplicaron por 80 respecto a hace un lustro. La tendencia experimentada en la comunidad supera el repunte medio en el conjunto del país, que entre 2015 y 2019 se multiplicaron por ocho —se pasó de 14.560 a casi 117.000—.

Mientras las solicitudes de quienes huyen de la guerra en Siria y del conflicto en el este de Ucrania con Rusia se han mantenido estables en los últimos años, las demandas de ciudadanos de Latinoamérica han experimentado un incremento. Desde 2016 Venezuela ocupa la primera posición. Y con mucha diferencia. La represión es la causa esgrimida por un creciente número de venezolanos que buscan refugio en la comunidad gallega.

En el mapa nacional, Galicia ocupa el sexto puesto en solicitudes de asilo, con Madrid a la cabeza (más de 55.000), seguida de Cataluña (13.278), Andalucía (10.429), Comunidad, Valenciana (7.509) y País Vasco (4.827). Pero es la cuarta autonomía donde más han aumentado las solicitudes en 2019 (161%), por detrás de País Vasco (202%), Aragón (172%) y Madrid (166%). En el extremo opuesto se colocan La Rioja, Extremadura, Cantabria, Navarra y Baleares, los cinco territorios que se quedaron por debajo del millar de peticiones. El menor repunte lo registraron Cantabria (23%), Canarias (48%), Cataluña (65%) y Murcia (67%).

Desde el Foro Galego da Inmigración advierten de la saturación de los servicios que tramitan las peticiones de asilo, que tardan en resolverse entre 18 meses y dos años, así como lamentan que haya departamentos —entre los que cita la Subdelegación del Gobierno en A Coruña— donde no hay citas disponibles para este procedimiento.

Ese periodo de dos años que suele tardar la resolución de la petición se convierte en un subterfugio para los demandantes ya que a los tres años de llegar a España pueden tramitar la residencia por arraigo. Para ello necesitan demostrar que tienen medios para subsistir en el país, es decir, un contrato laboral.

Pese a que España está entre los países con más solicitudes de protección internacional, solo da el visto bueno al 35% frente al 45% de la media, según datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR).

Restricciones en las ayudas

Desde el 1 de enero, los ciudadanos que pidan asilo en España no pueden acceder a toda la cobertura del programa de acogida hasta que se resuelva favorablemente su petición. La Secretaría de Estado de Migraciones dictó este año una instrucción para aliviar el sistema para potenciales refugiados que desde 2019 afronta un aumento vertiginoso de solicitantes que ha provocado el desbordamiento de los servicios administrativos que realizan las gestiones relacionadas con las demandas de protección internacional. La nueva norma reserva el acceso de algunos beneficios, como el apoyo económico a las personas reconocidas con el estatus de refugiado o la protección subsidiaria, un proceso que suele demorarse hasta los dos años.

Apoyo a los refugiados

Desde hace ya dos años, la Red Gallega en apoyo a las personas refugiadas denuncia el primer jueves de dada mes las muertes que “provocan las políticas de migración y refugio de la Unión Europea, también las de España”. En la cita programada para hoy, convocada para las 20.00 horas en la plaza Cervantes de Santiago, el llamado Círculo do Silencio reivindicará “los derechos olvidados de las personas migrantes y refugiadas, frente a las políticas —denuncian— racistas y discriminatorias de la UE y del Estado Español”. Además, el colectivo cuestiona la falta de actuaciones por parte del Gobierno autonómico o de los ayuntamientos que permitiesen “atenuarlas”.