El Gobierno ha dado ya su conformidad para que se debata en el Congreso la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos destinada a derogar el voto rogado que desde 2011 se exige a los españoles residentes en el extranjero y que ha supuesto un desplome en la participación de los emigrados en las elecciones generales y autonómicas.

Los dos grupos que apoyan al Gobierno registraron su proposición de ley el pasado 4 de febrero y el Ejecutivo dio el plácet a su tramitación a través de un escrito fechado apenas una semana después, es decir, sin agotar el plazo de un mes que tiene para pronunciarse sobre las iniciativas legislativas de los grupos.

El texto, al que ha tenido acceso Europa Press, entró en la Cámara el pasado viernes, y en él el Gobierno da su conformidad a la tramitación al no encontrar que la misma vaya a redundar en un aumento del gasto o una merma de los ingresos del Estado.

Así, Unidas Podemos ya tiene vía libre para poder plantear al Pleno la toma en consideración de esta reforma, lo que podría hacer la próxima semana, dado que cuenta con cupo para ello.

MENOS DEL 10% DEL CERA

En su iniciativa, el PSOE y Unidas Podemos detallan que la combinación del voto rogado y de los plazos previstos en la normativa electoral se ha traducido en una "reducción muy significativa" en los niveles de participación de los electores residentes en el extranjero. En el caso de las elecciones generales celebradas en 2011, 2015, 2016 y 2019, menos del 10 por ciento de los electores solicitaron o rogaron el voto.

Para corregir esta situación, Unidas Podemos y PSOE plasmaron en el acuerdo de gobierno derogar el voto rogado y eliminar las trabas administrativas "inaceptables" que se establecieron en la ley electoral para los "compatriotas migrantes", de cara a poder garantizar un ejercicio "mucho más digno" a este colectivo.

El texto plantea que la descarga telemática de la papeleta permitirá adelantar los plazos de envío de la documentación electoral, facilitando así su recepción en plazo. También pauta ampliar de tres a siete días de los plazos para el depósito del voto en urna y mantiene la posibilidad de enviar el voto por correo postal a la Oficina Consular correspondiente en caso de que el elector no pueda acudir a votar en la dependencia habilitada.

Además, se amplía el plazo para la apertura de los votos emitidos desde el extranjero de tres a cinco días, retrasando en el mismo intervalo el plazo del escrutinio general, algo "imprescindible" si se quiere que "el esfuerzo de participación democrática de los conciudadanos en el extranjero sea tomado en consideración".