Pedro Sánchez y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, este miércoles en el palacio de la Moncloa Juan Carlos Hidalgo | EFE

 

Para tratar de agilizar la resolución de un problema que desborda a Ceuta y deja en una situación muy delicada al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuya cabeza reclaman el PP y Ciudadanos, el presidente ha prometido destinar los recursos necesarios para acelerar las salidas conforme a lo que dicta la ley de extranjería. Así se lo trasladó Sánchez al gobernante ceutí en su encuentro de ayer en la Moncloa. «Consideramos que la mejor solución en beneficio de todos, la más válida, es el retorno, y vamos a seguir apostando por ello», confirmó Juan Jesús Vivas.

Ninguna de las dos partes contempla otra opción. Ni tan siquiera el traslado a la Península de los cerca de 700 menores no acompañados que permanecen aún en Ceuta. «No se ha contemplado», aseguró Vivas, porque tampoco sería «una solución inmediata». Y el tiempo, insistió, apremia.

Durante su comparecencia, el presidente ceutí reconoció que la situación en la ciudad es «insostenible» y los menores no se encuentran «en las debidas condiciones». Recordó que la mayoría están alojados en unas instalaciones que se habilitaron para una estancia temporal, que se ha alargado ya más de tres meses. Además, un porcentaje «muy notable» de estos jóvenes se encuentran en la calle en condiciones precarias. «Se requieren soluciones inaplazables», afirmó Vivas, que no ve más salida que el retorno de los menores a su hogar para que puedan ser escolarizados. «Su permanencia en Ceuta -señalan en la Moncloa- puede perjudicar enormemente su desarrollo educativo y aumentar su desarraigo familiar». 

Exigencias judiciales

Vivas defendió en todo momento el procedimiento utilizado por Interior y su Administración, que se aferraron al acuerdo suscrito con Rabat en el 2007 para emprender las repatriaciones, porque creían que estaban actuando de manera correcta. «Creíamos que teníamos un instrumento jurídico alternativo a la ley de extranjería, pero la justicia lo ha interpretado de otra manera. Hay que acatarlo», zanjó el presidente ceutí.

En su auto, la titular del Juzgado número 1 de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta apoyó las versiones de la Fiscalía y del Defensor del Pueblo, entre otras entidades, que apreciaban que las devoluciones iniciadas el 13 de agosto se habían llevado a cabo sin garantías e ignorando las exigencias de la ley de extranjería, la del menor y la Convención de Derechos del Niño. Estas establecen la participación del menor en el procedimiento expresando si quiere retornar, y la obligación de establecer expedientes individualizados.

A partir de ahora, los retornos se harán siguiendo las normas, aunque el proceso se dilatará en el tiempo. Ni la Moncloa ni el Gobierno de Ceuta se atreven a poner un plazo. Insisten en que primero será necesario obtener una fotografía exacta de la situación y ver qué recursos se necesitan y cómo se pueden emplear. «Cuantos más medios se pongan en la resolución de estos expedientes, más ágiles serán», apuntó Vivas.

El líder regional quiso «agradecer» la gestión del Gobierno central y su reacción tanto cuando se produjo la avalancha de marroquíes sobre Ceuta como la gestión realizada ahora para el retorno definitivo de estos menores.