SELINA OTERO | VIGO Los gallegos que viven en el exterior, según la Oficina del Censo Electoral, aumentaron un 22% en ocho años. Son más de 330.000 los habitantes de Galicia que tienen su residencia en otros países, la mayoría en Suramérica. El Gobierno gallego corre con los gastos en sanidad, educación y prestaciones sociales de los gallegos que emigraron. El vínculo con su comunidad de origen, Galicia, tiene un coste para las arcas de la Xunta de 170 millones de euros al año.

La factura es lo suficientemente elevada para que el presidente Feijóo insista ante Madrid para que la tenga en cuenta en el reparto de la financiación. Ayer mismo el presidente de la Xunta exigió una partida específica de 100 millones para emigración; un fenómeno que define a una comunidad como la gallega desde los 60 y que requiere una gran atención por parte de la Administración autonómica.

Feijóo no está dispuesto a que esta variable, crucial para Galicia, se pase por alto, al igual que ocurre con la dispersión. Hoy es el día clave para conocer las cifras exactas que le corresponden a cada autonomía en la distribución de los fondos estatales, una cifra que algunas comunidades ya han conseguido cerrar con satisfacción (Cataluña o Andalucía), mientras otras, Galicia o Castilla y León, todavía desconocen. Según Feijóo, la presión se vivirá hasta el último minuto.

"Galicia tiene el 27% de la población de emigrantes de España y, al mismo tiempo, es la comunidad a la cabeza en número de emigrantes en el censo propio, con un 15%. Si queremos repartir bien los fondos adicionales, lo lógico es que se tenga en cuenta", argumentaba Feijóo hace unos días. Y, ante la ausencia de la respuesta esperada, el presidente de la Xunta reiteró ayer que Galicia "no va a renunciar a nada de lo que le corresponde". "El Estado no puede minusvalorar a más de dos millones de ciudadanos que viven en Galicia e ignorar a casi 400.000 emigrantes. Les estamos dando pasaportes a hijos y nietos, Galicia les presta servicios y ahora se les niega el derecho a que computen como el resto de ciudadanos españoles. Es inaceptable", manifestó el jefe del Ejecutivo.

Es que los gallegos que habitan en otros países y son parte del censo de residentes ausentes, tienen derechos reconocidos por ley. Este coste de prestación es asumido por la Administración gallega, traduciéndose en unos 170 millones de euros anuales, según fuentes de la Consellería de Facenda. La mayoría de este dinero se destina a sanidad y prestaciones sociales. De hecho, uno de los compromisos de la Administración fue el de proporcionar la tarjeta sanitaria a todos los emigrantes para garantizarles una buena cobertura en sanidad.

El mayor coste de la población emigrante para la Administración gallega se centra en el área sanitaria, según la Xunta. En el último viaje a Argentina y Uruguay, el ya presidente se comprometió ante los emigrantes a extender la tarjeta sanitaria "para garantizar la misma atención a los residentes en el exterior e interior de Galicia". Y esto supone un sobrecoste que ha de ser tenido en cuenta en la distribución de la financiación, tal y como reclama el Ejecutivo gallego en el tramo final de la batalla "por un reparto justo de la tarta". El coste es superior si se tiene en cuenta que las grandes oleadas de emigrantes montaron sus vidas en Argentina, Venezuela o Uruguay hace cuatro décadas. En la actualidad, un 30% de estos residentes ausentes supera los 65 años, una etapa en que los gastos en sanidad y prestaciones sociales se disparan. "Es más, aparte de los costes que esto supone, muchos emigrantes no censados, cuando acuden a Galicia, se les presta igualmente asistencia sanitaria. Es decir, que son muchas pequeñas cosas que suponen un sobrecoste para las arcas de la comunidad", según fuentes de la Xunta. Sólo para el actual ejercicio "había presupuestados 25 millones de euros: 20 millones en concepto de ayudas y subvenciones y otros cinco millones para convenios con hospitales de Buenos Aires, Uruguay y Venezuela", aseguran fuentes de la Consellería de Facenda. Por todo ello, Feijóo exigió a Madrid la creación de dos fondos (cada uno con 250 millones) para las comunidades con mayor dispersión y residentes en el extranjero. Hoy se sabrá si la vicepresidenta Salgado atiende la reclamación de Galicia.